Esta iniciativa prevé la construcción de cinco grandes presas en la región de Aisén y la instalación de una línea de alta tensión de 2.200 kilómetros para conectar esta zona con la ciudad de Santiago y con las industrias mineras del Norte.

"Esto supondrá la destrucción de la mayor reserva hídrica del país", declaró Peter Hartmann, director regional del Consejo de Defensa de la Patagonia (Codeff)

Asimismo, Juan López de Uralde, director general de Greenpeace España, pidió a Endesa que se comporte como "si la Patagonia fuera española".

En idéntico sentido se expresó el secretario general de WWF/Adena, Juan Carlos del Olmo, quien afirmó que "la sostenibilidad no solo hay que garantizarla en el país de origen, sino también en aquellos estados donde hay menos ojos"

Ambas organizaciones pondrán en marcha una campaña de sensibilización que comienza hoy en Madrid y que llegará el 7 de febrero a Barcelona.

"Pensamos que la mejor manera de parar este proyecto era venir aquí y contar a la población española lo que sucede", explicó el director de Greenpeace en Chile, Rodrigo Herrera, quien aseguró que "cuanto más informada está la gente sobre este problema, más crece la oposición al proyecto".

Hartmann advirtió, además, de que el proyecto hidráulico de Endesa inundará parcialmente varios valles, pondrá en peligro los glaciares y afectará a 12 ecosistemas silvestres.

El proyecto contempla también laconstrucción de un puerto industrial, carreteras y un aeropuerto, con lo que, según Hartmann, "amenazará el desarrollo sostenible basado en el turismo que nuestra región podría alcanzar".

LEGITIMIDAD DISCUTIDA

En la actualidad, Endesa España posee el 80% de los derechos de agua de Chile y el 96% de los de la región de Aisén, una situación que, aun siendo legal, Rodrigo Herrera calificó de "ilegítima".

"Todo esto viene de las leyes de privatización promulgadas durante la dictadura", subrayó, y agregó que las sucesivas transacciones de estos derechos habían sido "muy oscuras".

En la misma línea, el aiseño Aquilino Olivares denunció que "la construcción de estas presas amenaza nuestro modo de vida tradicional", y se quejó de que los agricultores de la zona nopueden emplear el agua de los ríos para dar de beber a sus animales "porque no les pertenece"

Mientras tanto, el director de Greenpeace en Chile aseguró que el Gobierno de su país "no se pronunciará hasta las evaluaciones de impacto ambiental".