Con la moratoria se perseguía evitar cualquier intento de aprobación de nuevas variedades mientras no hubiera un marco legislativo completo en la UE, que no existe todavía.

Según Greenpeace, con la aprobación de estas variedadesde transgénicos "está cada día más claro que la política del Gobierno español en materia de biotecnología está en manos de determinadas empresas, las cuales utilizan su influencia política y económica para forzar a la Administración española a tomar decisiones que no protegen la salud de los ciudadanos y que afectan gravemente al medio ambiente y a los derechos humanos".