El Protocolo de Montreal, que regula las restricciones a la producción y uso de ls gases destructores de la capa de ozono, ha sido ratificado por 150 países, entre ellos España.

Sin embargo, en la reunión de Viena, que a partir de mañana, martes, congregará a los ministros de Medio Ambiente, todavía no se han alcanzado acuerdos para acortar los plazos de prohibición y reducción de estas sustancias.

Según declaró a Servimedia José Luis García Ortega, portavoz de Greenpeace, "países como Francia y Estados Unidos están dinamitando cualquier tipo de acuerdo que incluya una reduccón de los plazos previstos para prohibir las sustancias que destruyen la capa de ozono, mientras que otros, como España, mantienen una actitud pasiva y de comprensión hacia la industria química".

En la reunión preparatoria del encuentro ministerial, celebrada entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, no se ha logrado alcanzar un acuerdo sobre los compromisos que inicialmente se habían planteado, como el de acortar la fecha de supresión de los HCFC (hidroclorofluorocarbonos) en los países industriaizados del 2030 al 2015.

Los HCFC se utilizan como sustitutos de los CFC (clorofluorocarbonos), prohibidos en los países desarrollados a partir de 1996. Sin embargo, esta alternativa también resulta perjudicial para la capa de ozono, por lo que algunos países son partidarios de adelantar su eliminación.

Tampoco hay acuerdo en relación con otra sustancia que se ha demostrado extremadamente perjudicial para la capa de ozono: el bromuro de metilo, utilizada masivamente por agricultores de numerosos aíses.

Aunque había una propuesta para reducir al 50 por ciento su uso en el 2001, no parece que vaya a prosperar. La Unión Europea sólo acepta, en relación al bromuro de metilo, una reducción del 25 por ciento en 1998 y del 50 por ciento en el 2005, a causa de la presión que ejercen los países mediterráneos, entre ellos España.

Finalmente, tampoco existe consenso entre los estados en vías de desarrollo y del Tercer Mundo, ya que algunos condicionan la reducción de la producción y uso de los gase nocivos para la capa de ozono a la adopción de compromisos, por parte de los países desarrollados, para ampliar los recursos destinados al Fondo Multilateral, cuyo objetivo es facilitar la transferencia tecnológica para que los estados más desfavorecidos puedan prescindir de los CFC y el resto de gases destructores de la capa de ozono.

Greenpeace mantiene que la prohibición de todas las sustancias destructoras del ozono es viable técnicamente, ya que existen alternativas para todas ellas.

Según a organización ecologista, España ocupa el puesto once en la lista de países que más han contribuido a la destrucción de la capa de ozono, a causa de la producción de CFCs de la factoría que la multinacional química Elf Atochem tiene en Zaramillo (Vizcaya).