La organización ecologista denuncia que un portavoz del CSN, Francisco Morales, ha reconocido ahora públicamente que este organismo fue informado por uno de sus inspectores del suceso inmediatamente después de que se produjera y recuerda que la presidenta del Consejo no se refirió a él cuando compareció el 1 de diciembre de 2004 ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el propio Francisco Morales aseguró hoy a Servimedia que en las fechas inmediatamente posteriores al incidente el CSN reconoció que los trabajadores recibieron dosis radiactivas, aunque indicó que éstas "se situaron muy por debajo" de los máximos legalmente establecidos.

En este sentido, aseguró que la mayoría de los trabajadores recibieron dosis que oscilaron entre 0,1 y 0,2 milisievert, unidad que mide la cantidad de radiación, y que una minoría registraron dosis entre 0,2 y 0,3 milisievert, cuando la radiación máxima legalmente establecida para los empleados que realizan este tipo de tareas es de 100 milisievert en cinco años, sin rebasar nunca los 50 en un año.

El portavoz del CSN indicó que por este motivo las notas de prensa que difundió el organismo omitieron que los trabajadores habían recibido dosis radiactivas.

Sin embargo, Greenpeace denuncia que nadie informó a los trabajadores "de que existía una fuerte contaminación ambiental por iodos y gases nobles radiactivos generados en el combustible que se había roto durante la operación".

La organización añade en un comunicado de prensa que "los principales equipos para medirla (la radiactividad) no estaban operativos, a pesar de lo cual se siguió trabajando utilizando unos equipos portátiles que eran ineficaces, con lo que medían dosis del orden de un décimo del valor real de contaminación".

El CSN también ha negado estas acusaciones y afirma que todos los trabajadores se sometieron a controles, por lo que se les informó de las dosis recibidas y asegura que los equipos de medición actuaron con eficacia.

Para Greenpeace, "el CSN demuestra la misma indiferencia que la central cuando su portavoz mantiene ante los medios de comunicación que valores de contaminación interna por debajo de 1 milisievert son despreciables y que no merecen ni medidas correctoras ni estudios adicionales".

"Esta afirmación", agrega, "no es coherente con el hecho de que el CSN haya forzado a la central nuclear de Cofrentes a notificar una fuga de agua radiactiva, causada por la rotura de una manguera el 21 de septiembre, que tardó en repararse casi dos horas y en la que estaban comprometidas dosis por debajo de 0,06 milisievert. Se desconoce si hubo trabajadores afectados, pero este hecho incide en la falta de seguridad de las centrales".

Para Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace, se trata de "una prueba más de la falta de cultura de seguridad en las centrales nucleares españolas, en las que prima siempre la producción ante la seguridad y la escasa preocupación del CSN por la salud de los trabajadores".