En un auto hecho público hoy, los magistrados consideran que "tan sólo son admisibles las diligencias interesadas para averiguar el paradero del secuestrado y para la captura y subsiguiente puesta a disposición de los procesados que no pudieron ser juzgados por haberse declarado su rebeldía", en referencia al miembro de los GRAPO fugado Fernando Silva Sande, supuestamete implicado en los hechos.

Asimismo, la sala añade que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "si fueren dos o más los procesados y no a todos se les hubiere declarado en rebeldía, se suspenderá el curso de la causa respecto de los rebeldes hasta que sean hallados y se continuará respecto de los demás", como ocurrió en este caso.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en su día por este caso a Enrique Cuadra Echeandía, a José Ortín Martínez y a Concepción González Rodríguez27 años de prisión para cada uno por un delito de detención ilegal, y además impuso otros 5 años de prisión a Ortín por un delito continuado de falsedad.

Estos tres miembros de los GRAPO también fueron condenados a abonar 50 millones de pesetas a Publio Cordón, en caso de que "se acredite su vida o libertad". Además, les sentenció a pagar a los familiares del empresario desaparecido otros 400 millones de pesetas, cantidad que entregaron en concepto de rescate.

De este modo, la Sección Cuartade la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma el auto dictado por la juez encargada del caso, Teresa Palacios, por el que se denegó la práctica de nuevas diligencias y ordenó el archivo del caso.

Además, los magistrados señalan que "ha de quedar claro que el proceso se encuentra archivado y, consiguientemente, no son admisibles otras indagaciones que las encaminadas a la detención del rebelde", en relación al miembro de los GRAPO Fernando Silva Sande, en paradero desconocido y supuestamene implicado en el secuestro de Cordón.