La nueva normativa contra la morosidad no ha conseguido mejorar estos retrasos, que se han incrementado en el último año.

Así consta en un estudio realizado por Crédito y Caución, en el que se pone de manifiesto que la construcción, especialmente las empresas más grandes, presentan uno de los periodos de pago más dilatados, con un plazo medio de pago de 312 días, mientras que para cobrar a sus clientes se dan más prisa y lo hacen en una media de 169 días.

De esta manera, esa diferencia entre pago a proveedores y cobro de negocio se está convirtiendo para la constructora grande en un "valiosa liquidez adicional" de la que logra "gran rentabilidad", dado que se trata de importantes cantidades de dinero.

Sin embargo, las pequeñas constructoras, contratas y subcontratas, sufren en exceso estos retrasos y ponen en riesgo algunos negocios, al soportar "los problemas de tesorería asociados a la morosidad".

Según los expertos de Crédito y Caución, se trata de una "situación sostenible" en el actual escenario de fuerte actividad del sector de la construcción, pero cualquier frenazo o desaceleración pueden provocar "altos niveles de riesgo" que pueden conducir a la quiebra.

Esta práctica, lejos de controlarse con la ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se ha mantenido en el tiempo, arrastrada por el crecimiento de la actividad del sector, en pleno ciclo expansivo.

De hecho, sólo en 2005 el número de empresas constructoras creció un 12,1%, una tasa superior a la del conjunto de la economía. En la actualidad, cerca del 90% son microempresas de menos de diez empleados.

Paralelamente, las constructoras grandes viven un proceso de concentración empresarial que aumenta su poder de negociación frente a los pequeños operadores.