UN GRANADINO PIDE TRES AÑOS DE CARCEL PARA EL POLICIA MUNICIPAL QUE ORDENO A LA GRUA QUE RETIRARA SU COCHE
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La acusación particular ejercida por un vecino de Granada solicitó hoy tres años de prisión menor para el policía municipal Francisco Hernández, a quien acusa de ordenar a la grú que retirase su vehículo por considerar que estaba mal aparcado.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada celebró hoy la vista oral del caso, tras la cual el fiscal retiró su acusación por estimar como cierta la versión del agente.
El agente fue denunciado por Adrián Sánchez Antelo, a quien la grúa retiró el coche el 9 de septiembre de 1986, según consta en el expediente municipal, porque estaba mal estacionado e impedía el paso a una máquina escavadora que no tenía otra salida dsde la calle en la que se hallaba.
Según el policía local y sus compañeros, que prestaron hoy declaración ante la sala, en el lugar de los hechos había, aquel día, una valla de señalización de obras con un disco de prohibición de aparcar, colocada por los responsables de los trabajos que realizaban en la vía pública distintos servicios municipales.
En cambio, Sánchez Antelo, que sostiene que su "Seat 600" estaba correctamente estacionado, presentó en un primer momento una denuncia ante el juzgadode guardia, confiando en recuperar el coche sin tener que abonar las tasas del servicio y de aparcamiento.
El denunciante no logró su propósito, ni aún presentando un pliego de descargo ante el ayuntamiento, a pesar de lo cual inició un procedimiento judicial que culminó hoy con la vista oral del caso en la audiencia granadina.
A la salida de la sala de audiencias, Sánchez antelo manifestó que su único interés es defenderse como ciudadano ante lo que considera una extralimitación en la actuación e la Policía Municipal.
La sentencia que resuelva este caso es esperada con interés en medios judiciales y municipales, tras la decisión de la Junta de Jueces de Granada de ratificar la legalidad de la retirada de aquellos vehículos en los supuestos que recoge la Ley de Seguridad Vial.
Los jueces granadinos no quisieron, en cambio, pronunciarse acerca de la legalidad o no de la tasa exigida en concepto de aparcamiento en dependencias municipales, uno de los puntos denunciados por Sánchez Antelo e su querella.
(SERVIMEDIA)
25 Ene 1991