La proposición de ley de CiU pretendía modificar 35 de los 119 artículos de la Ley de Costas, por considerar que la revisión contribuiría a descentralizar la gestión de las costas y mejoraría los niveles de protección.

Sin embargo, el PSOE puso como condición para aceptar la propuesta que 11 de los 35 artículos que el Grupo Catalán pretendía revisar quedaran intactos.

Según declaró el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, tras el debat parlamentario, la modificación de esos 11 artículos iría en contra de la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en su día, como respuesta a los 8 recursos de inconstitucionalidad que se presentaron contra la ley.

Además, Borrell indicó que la revisión implicaría una reducción de los niveles de protección que marca la actual legislación, que data de 1988.

Borrell manifestó que ayer, lunes, y esta mañana se mantuvieron negociaciones con representantes de CiU para que aceptaran la contraprpuesta del PSOE y el Gobierno, sin que finalmente se alcanzara un acuerdo, que él, dijo, pensaba que podía conseguirse.

ACUERDOS PSOE-CiU

Asimismo, el titular del MOPTMA recordó que la modificación de la Ley de Costas no se encuentra entre los compromisos que adoptó el Gobierno durante el debate sobre el estado de la Nación y añadió que no tiene por qué influir en la colaboración que mantienen los grupos Socialista y Catalán en el Parlamento.

Sin embargo, algunos diputados catalanes, en conversciones privadas con periodistas al término de la votación, expresaron su malestar por la decisión del PSOE y advirtieron del riesgo de que esto pueda provocar una ruptura del pacto parlamentario con los socialistas.

Para el diputado de CiU Lluis Recoder, el veto del PSOE no tiene fundamento alguno, ya que, a su juicio, la propuesta de su grupo permitiría a las comunidades autónomas gestionar el litoral, aunque la competencia siguiera recayendo sobre la Administración central, y garantizaría mejor la cnservación de la costa.

Tanto el PP como IU se abstuvieron en la votación, en el primer caso por considerar que el texto que presentó CiU era "técnicamente incorrecto" y restaba competencias a los ayuntamientos y en el segundo porque algunos de los preceptos que incluía la proposición de ley rebajaban los niveles de protección.