La Audiencia Nacional resolvió recientemente la legalidad de los convenios de carreteras suscritos en su día por el Estado y el Gobierno balear, ambos en manos del PP. El problema se presentó cuando los convenios fijaron un gasto de 243 millones mientras que las obras han supuesto finalmente una inversión de 333.

La portavoz del Govern, Margarita Nájera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, confirmó la presentación de un recurso de casación ante el Supremo con el fin de recibir el dinero pendiente del convenio de carreteras.

Paralelamente, el Ejecutivo socialista balear tiene previsto negociar la próxima semana con el Ministerio de Fomento esta misma cuestión.

Nájera no ocultó que el actual Govern presenta un problema de liquidez derivado de la gestión de los populares bajo la presidencia de Jaume Matas. "Este Gobierno intentará llegar a un acuerdo con el Gobierno español porque somos una comunidad muy endeudada por culpa de la mala gestión del anterior Gobierno".

Un ejemplo serían la polémica autovía de Ibiza, o el Metro de Palma. Para el suburbano, cerrado porque, al poco de su inuaguración se inundó por la lluvia, el Consell aprobó hoy un gasto de 120 millones de euros para pagar modificaciones, complementos y liquidaciones de las obras y de la estación intermodal que no estaban presupuestadas.

En total, son 70 millones de euros a los que se agregan 50 más por intereses bancarios. El gasto se repartirá durante 20 años. Nájera se ocupó hoy de recordar que el Gobierno del PP adjudicó el metro por 235 millones de euros. Para ponerlo en servicio ahora es precisa la citada inversión que, en palabras de la portavoz, "complica la situación financiera de la comunidad pero que no nos queda más remedio de afrontar".

Otras polémica obra pública, el Palma Arena, que debía costar 48 millones de euros y ha costado 90. "Ahora el Govern tiene una deuda heredada de 3.000 millones de euros, y ha contraído una deuda de 370 millones en los presupuestos de este año de los que un 80% se habrán de aplicar a tapar los agujeros financieros que nos ha dejado el anterior gobierno", se lamentó Nájera.

La portavoz del Govern recordó que la sentencia dela Audiencia Nacional ha resuelto sobre una parte de los convenios de carreteras, "pero no sobre el dinero", a lo que aspira ahora el Govern con su recurso al Supremo y la "inminente" negociación con el Estado.