Una obra cuyas expropiaciones forzosas y la repercusión medioambiental que supuso generó una reacción de rechazo, en algunos casos reprimida por la policía, de distintos colñectivos sociales y vecinos afectados de la isla pitiusa.

Hoy el asunto llegó de nuevo a la Cámara balear de la mano de la diputada socialista María Torres i Marí, que preguntó al Govern su valoración tras la sentencia del TSJ balear que anula una de las expropiaciones que se llevaron a cabo.

Carbonero, tras señalar que acatará y cumplirá la sentencia, enjuició que ésta responde a "una situacion de enfrentamientos entre el Govern (del PP) y ciudadanos, lo que es muy negativo".

El conseller recordó que en su primera visita oficial a Ibiza pidió disculpas públicas a los afectados por las expropiaciones y reiteró que esta sentencia "es consecuencia de cómo se hicieron las cosas, por una parte el impacto territorial inadmisible y, por otra, una confrontación social que jamás se debió producir".

"Son dos heridas, la territorial que es irreversible, pero la social la hemos de ir cerrando. Quedan 13 contenciosos y creo que con un poco de suerte iremos cerrando la fractura social que se creó", concluyó.