Villanueva, que presentó a los medios de comunicación en Madrid un "Estudio sobre el grado de incumplimiento de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)", encargado por Cocemfe a un grupo de juristas, señaló que esta ley sólo se ha cumplido en un 29 por ciento normativamente y en un 21 por ciento presupuestariamente, lo que significa que ha ido "mayoritariamente incumplida".

La insuficiencia de las prestaciones, la integración laboral y la accesibilidad son los tres principales aspectos que contempla el estudio, ya que, según Cocemfe, son la base de la integración social de los discacapitados, fin último de la LISMI.

En el capítulo de prestaciones económicas y sociales, según la confederación, no sólo no se ha desarrollado la LISMI, sino que se han establecido legislaciones regresivas, como la Ley de Pensiones no Contributivas, que evuelve al discapacitado a la dependencia familiar.

"Las ayudas individuales y técnicas siguen siendo graciables y cada vez más escasas, ya que están congeladas desde hace varios años", indicó Villanueva.

Respecto al acceso al trabajo, Cocemfe considera que no existe por parte de la Administración ningún tipo de voluntad de hacer cumplir la reserva del 2 por ciento en las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla, tanto públicas como privadas, ya que no ha aplicado medidas de presión o sanionadoras.

Según los datos del informe, otro de los graves problemas con los que se encuentra el colectivo de discapacitados es la inadaptación de la mayor parte del transporte público y la existencia de importantes barreras arquitectónicas en las ciudades.

Para denunciar ante la sociedad española la situación de marginación social que padecen las personas con minusvalía, Cocemfe celebrará mañana en Madrid una concentración de unos 4.000 minusválidos para protestar por el desarrollo de la LISMI. Al acto, organizado por Cocemfe, asistirán los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, respectivamente.