Gómez de Liaño se sentó hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, desde donde deberá defenderse de una de las acusaciones más graves que pueden producirse contra un magistrado: prevaricación, o lo que es lo mismo, tomar decisiones judiciales a sabiendas de que son injustas.

A preguntas de su abogado, tras defender la legalidad de su actuación en el "caso Sogecable", Gómez de Liaño señaló que "en mi vida sólo he tenido un objetivo: cumplir con mi obligación y ser cada dí mejor juez". En este sentido, agregó: "Siempre he tratado de ejercer mi labor profesional lo mejor que he sabido, con una extraordinaria buena fe".

Al inicio del juicio, Gómez de Liaño manifestó a los magistrados de la Sala que considera violados sus derechos, al tiempo que expresó su voluntad de no responder a las preguntas de la acusación "por motivos personales y profesionales".

El magistrado fue sometido a un interrogatorio exhaustivo por parte de Horacio Oliva, abogado de Jesús de Polanco, áximo responsable del Grupo Prisa, y la representante de la Asociación de Estudios Penales, Alicia Moreno, que ejerció la acción popular.

AGRESION VERBAL

Gómez de Liaño pidió al presidente de la Sala que advirtiera a Oliva por considerar que sus preguntas rozaban la "agresión verbal".

El juez no tuvo objeción en responder a las preguntas del fiscal, José María Luzón, partidario de absolver de las acusaciones a Gómez de Liaño por considerar que no existe delito en la actuación del juez durante l instrucción del "caso Sogecable".

Durante las preguntas del abogado de la defensa llegó a la sala el abogado de la acción popular, Emilio Rodríguez Menéndez, quien llegó con dos horas de retraso.

La sesión finalizó a las 13 horas, momento en que Gómez de Liaño abandonó la Sala acompañado de su mujer, la fiscal Maria Dolores Márquez de Prado, que en este caso ejerció la defensa de su marido.

Gómez de Liaño está acusado de tres presuntos delitos de prevaricación cometidos durante la instruccin del "caso Sogecable" y los directivos de esta empresa solicitan para él que sea inhabilitado como juez durante 60 años.

Por su parte, la acusación popular ejercida por el abogado Rodríguez Menéndez como representante y miembro de la Asociación de Estudios Penales pide para Gómez de Liaño los mismos años de inhabilitación y que se le imponga una multa de 120 millones de pesetas.