"Por no onspirar, no he conspirado ni contra mí mismo, y mire que tengo motivos", manifestó Gómez de Liaño a la Cope. "Una conspiración en términos estrictamente jurídicos consiste en la reunión de dos o más personas que se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Me parecería la contranoción de un juez el que se dedicase a esos menesteres".

"Yo voy a hacer veinticinco años de carrera judicial", continuó, "y le puedo asegurar que en estos veinticinco años los asuntos se han mirado todos con e mismo rasero, se han tratado todos por igual y las normas de comportamiento procesal han sido idénticas en un caso como en otro".

Respecto al delito de prevaricación que se le imputa en relación con el "caso Sogecable", el magistrado convino en que si la ley ha concedido a los jueces el derecho a exigir cuentas a los demás por sus comportamientos, una aplicación del principio de reciprocidad debe permitir al resto pedir también cuentas a los jueces.

"Si los señores del grupo Prisa creen honestamnte que están en condiciones de pedirme cuentas", dijo, "yo creo que sí, que deben de pedírmelas".

Descartó alguna clase de prejuicio contra Prisa en el caso de que se demuestre que no ha cometido ningún delito. "La justicia es una noción fría", señaló, "nunca puede actuar en caliente, y el día que la justicia se mueva con calenturas, dejará de ser justicia para ser otra cosa".

Gómez de Liaño reconoció que cualquier acusado, sea un terrorista o un delincuente común, tiene derecho a dudar de la imarcialidad de un juez, ya que éste "al fin y al cabo es un expósito en cuanto que está expuesto a la crítica, a la censura y a que su trabajo sea atentamente vigilado, y si alguien duda de que ese juez está siendo imparcial, creo que le asiste el derecho de denunciarlo".

PRESIONES

Gómez de Liaño dijo que las presiones que un juez puede recibir tienen orígenes muy diferentes, pero matizó que las auténticas son aquellas que provienen de personas inmersas en procesos judiciales y con muchos medios.

"Es el poder", explicó. "Desde siempre el juez, que es un elemento llamado legalmente para controlar los abusos del poder y contrarrestar cualquier limitación, es un personaje que origina muy serios y profundos dolores de cabeza a los detentadores del poder".

El magistrado afirmó que no es habitual en España que los jueces se "vendan", ya que, en su opinión, nuestro país cuenta con una judicatura muy honrada y consciente de su cometido, pero señaló que "lo peor de un juez no es que se venda, sino quese regale, y eso a lo mejor sí se puede producir".

MOVIMIENTOS SISMICOS EN LA AUDIENCIA

Respecto al estado actual de la Audiencia Nacional, indicó que se trata de un tribunal que sufre "movimientos sísmicos generados por aquéllos que tienen interés en que sus causas no se vean con el escrúpulo con que deben verse el resto de las causas".

"Me parece que los comentarios de esas personas", apostilló, "tienen muy poco valor, porque la brújula de la justicia para ellas es distinta a la brújula del cmún. Creo que esas opiniones se están emitiendo en casos en los que la justicia no es una noción, sino que es un fetiche".

Según Gómez de Liaño, la llegada de los casos de corrupción a la Audiencia Nacional produjo "incomodidades" en los jueces y fiscales que trabajaban en ella y que procuraban cumplir con su obligación.

"Cuando se juzgaban delitos de terrorismo", dijo, "las cosas iban bastante mejor que en un momento ulterior en que se comenzaron a investigar otro tipo de comportamientos criminaes, terroristas, que venían en otra dirección, y cuando por la Audiencia Nacional empezaron a desfilar personajes de la vida pÚblica y económica que hasta entonces o habían tenido oportunidad de subir por sus escaleras. Cuando los poderosos llegan a estos ámbitos, las cosas naturalmente se complican".

A su juicio, un Estado de Derecho no debe consentir que esas personas puedan más que la Ley o las instituciones. "Lo distinto es que lo intenten", subrayó, "y naturalmente yo creo que hay gente que procua e intenta que la justicia sea distinta para ellos que para el resto de los ciudadanos".

Preguntado por el número de jueces y magistrados que trabajan para determinados partidos políticos, bancos u otras instituciones y no para la justicia, Gómez de Liaño manifestó ignorarlo, pero sí aventuró que tal vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tenga bien controlado el régimen de compatibilidades de jueces y magistrados.

En este sentido, explicó que existía un reglamento que establecía laconveniencia de que todos los jueces que tuvieran actividades complementarias las declarasen en el CGPJ, tanto para el control de su actividad como jueces como para sus correspondientes declaraciones fiscales.