Estas empresas fueron intervenidas el 20 de febrero de 1995 por la sección de investigación fiscal y antidroga de la Guardia Civil de Sevilla, tras la denuncia presentada por la Entidad de Gestión de Drechos de Producción Audiovisual (EGEDA) y la Asociación de Distribuidores Videográficos (ADIVAN).

El auto dictado por el juez, facilitado esta noche a Servimedia por EGEDA, señala que "los encausados, Eduardo Alfonso Menacho Bardot, Eduardo Menacho García, Marcelino Mauriño Gil y Juan Casas de Llados, en todo momento conocían la ilicidad de sus actividades, ya que su intención era la de engañar a sus contratantes al no adquirir los derechos de autor, provocando de esta manera un perjuicio económico asus titulares tasado pericialmente en 12.000 millones de pesetas".

Las empresas denunciadas adquirían en los videoclubes películas recien lanzadas al mercado y después los alquilaban para su emisión a numerosas televisiones locales por onda y cable en toda España, afirmando que tenían los derechos de emisión de los largometrajes.

Según el auto, "para realizar su actividad los imputados constituyeron una trama de empresas que contactaban con decenas de televisiones locales a todo lo largo de la gegrafía española, de tal forma que les remitiían bloques que oscilaban entre 40 y 170 películas a través de un servicio de mensajería normal (Transportes Ochoa, Seur...), que eran arrendadas por un mes, al cabo del cual recibía otro bloque y devolvían el anterior, pudiendo en ocasiones remitirlo a una tercera televisión".

El juez señala que los acusados han engañado, por un lado, a los titulares de los derechos de autor y, por otro, a las televisiones locales con las que contrataban, ya que éstas "paga por unos derechos que nos les son cedidos y que en numerosas ocasiones les ha originado incluso enfrentarse con la justicia penal".

El magistrado considera que los imputados han cometido un delito de defraudación continuada de los derechos de la propiedad intelectual tipificados en el Código Penal y otro de estafa. El primero de esos delitos lleva aparejadas penas de cárcel de hasta cuatro años y el segundo de hasta ocho.