Gómez de Liaño est acusado de tres presuntos delitos de prevaricación cometidos durante la instrucción del "caso Sogecable", consistentes en mantener el secreto sumarial de la causa durante más tiempo del necesario, prohibir a varios imputados la salida de España e imponer una fianza de 200 millones de pesetas al presidente del grupo Prisa, Jesús de Polanco.

Entre los testigos que acudirán a declarar durante el juicio se encuentran el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, el máximo responsable de la Fiscalí Antidroga, Juan Ortiz Urculo; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño; el presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco, y su consejero delegado, Juan Luis Cebrián.

También acudirán como testigos los jueces de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y Baltasar Garzón. Es precisamente el interrogatorio al que será sometido este magistrado por parte de la mujer de Gómez de Liaño, la fiscal María Dolores Márquez de Prado, el encuentro que mayor expectación está despertando en el ámbito juídico.

La fiscal Márquez de Prado, que en su día perteneció al denominado "grupo de los indomables" de la Audiencia Nacional, actuará en este caso como abogada defensora de su esposo, tal como le permite el artículo 57.6 del Estatuto Fiscal.

El fiscal del Tribunal Supremo encargado del caso, José María Luzón, es partidario de absolver de las acusaciones a Gómez de Liaño, por considerar que no existió delito en la actuación del juez durante la instrucción del "caso Sogecable".

De hecho, durane todo el proceso, este fiscal ha defendido siempre la actuación del juez, a pesar de que se le haya procesado por tres presuntos delitos de prevaricación.

60 AÑOS DE INHABILITACION

Sin embargo, los abogados de los querellantes Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, Gregorio Marañón y Francisco Pérez solicitan para Gómez de Liaño un total de 60 años de inhabilitación para ejercer como magistrado, y la pérdida definitiva de dicha condición, así como una multa de 32.850.000 pesetas, con arresto sustitutrio en caso de impago.

Por su parte, la acusación popular, ejercida por el abogado y ex editor del diario "Ya" José Emilio Rodríguez Menéndez (como representante de la Asociación de Estudios Penales), solicita para Gómez de Liaño los mismos años de inhabilitación que Polanco y que se le imponga una multa de 120 millones de pesetas.

Gómez de Liaño fue apartado de la carrera judicial en junio de 1997, por orden del Consejo General del Poder Judicial, después de que los defensores de Sogecable presetaran contra el juez una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo.

La decisión de juzgar a Gómez de Liaño fue acordada por la Sala de lo Penal del Supremo compuesta por Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y José Manuel Martínez Pereda. Sin embargo, el auto por el que se decretó la apertura de juicio oral contra el juez no estuvo exento de polémica entre los propios magistrados del Alto Tribunal.

De hecho, Martínez Pereda, que anteriormente se había opuesto al procesamiento de Gómz de Liaño, emitió un voto particular en el que hacía constar que, a su juicio, no existe en la actuación del juez "elemento indiciario" alguno de prevaricación en el "caso Sogecable" y recordaba que todos sus pasos contaron con el respaldo de la Fiscalía.