El Gobierno apoyó su decisión en la Ley Reguladora de lasBases del Régimen Local y en el Estatuto de la Comundad de Castilla y León, cuyos artículos podrían ser vulnerados en el caso de celebrarse esta consulta.

La Constitución, que reserva al Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares, prevé la posibilidad de que los alcaldes promuevan estas iniciativas sobre asuntos de competencia municipal y de carácter local, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento y con el consentimiento del Gobierno central.

Sin embago, el Consejo de Ministros consideró que en este caso no se cumplen los requisitos, puesto que afecta a dos comunidades autónomas, por lo que trasciende de la competencia municipal.

El Tribunal Supremo falló en 1993 una sentencia que denegaba a el pueblo de Villaverde de Trucios (Cantabria) la celebración de un referéndum para integrarse en la provincia de Vizcaya, donde está situada la localidad, alegando las mismas razones que ahora se aplican al Condado de Treviño.

El ministro de Administracines Públicas, Mariano Rajoy, anunció que el Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo en caso de que el Ayuntamiento de Treviño insista en la celebración del referéndum, aunque estimó que tal extremo no será necesario, porque "no me cabe duda de que el alcalde no hará nada en contra de la ley".