La dificultad que observa el Gobierno radica en que el proceso para disolver un ayuntamiento no se puede convocar para que resulte una legislatura menor de un año, ya que las elecciones municipales en toda España están previstas para el 27 de mayo del próximo año.

El proceso para disolver un ayuntamiento comienza con un informe del Consejo de Ministros que deberá pasar por la Comisión Nacional de Administración Local y la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, en virtud de los artículos 61 y 118 de la Ley de Base de Régimen Local.

Tras estos pasos, el Consejo de Ministros podrá aprobar definitivamente la disolución del consistorio e iniciar el proceso para la convocatoria de celebración de unas elecciones municipales en plazo máximo de tres meses.

Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que actuarán con "total rotundidad.

Fernández de la Vega dijo que hay que esperar a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia concluyan, al menos, "la primera fase" de las investigaciones y conocer si se ha producido delito.

La vicepresidenta subrayó que son el "Gobierno de la transparencia" y que "ni tolerarán, ni mucho menos ampararán jamás comportamientos corruptos". Estos comportamientos deberán ser "desterrados de raíz", apostilló.

Fernández de la Vega quiso transmitir tranquilidad a los ciudadanos de Marbella garantizándoles que disfrutarán de todos los servicios públicos "adecuadamente".