Contesta de este modo el Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe las palabras del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, formuladas ayer en el Congreso, de que no negociará con ETA el derecho de autodeterminación porque "es un derecho que no existe en el ordenamiento constitucional español ni en eningún ordenamiento de los países democráticos".

En su Declaración, el Gobierno Ibarretxe señala que "es evidente que las cuestiones políticas deben ser negociadas única y exclusivamente por los agentes políticos y posteriormente deben de ser refrendadas por la ciudadanía. En el caso del contencioso político vasco a quien corresponde negociar y decidir es a los partidos políticos y a la sociedad vasca".

Sin embargo, subraya que "el derecho de autodeterminación es un derecho democrático relativo a la facultad que tienen los pueblos para elegir su destino, tal y como lo recogen la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en su artículo 1".

"Que este derecho no es negociable", agrega, "es un derecho que todo pueblo posee, y su negación implica negar la propia existencia de los pueblos en general, y de Euskadi en particular, al mismo tiempo que niega el principio establecido por Naciones Unidas".

Argumenta el Gobierno vasco que "en la Europa democrática hay ejemplos más que suficientes de cómo se ha ejercitado este derecho universal, respetando siempre la decisión democrática de los ciudadanos. Lo que se debe pactar es el ejercicio de este derecho, por medio del diálogo y el acuerdo entre las formaciones políticas".

En este sentido, concluye la Declaración, el Gobierno Vasco considera que "no será posible alcanzar un acuerdo de normalización política si no se alcanza asimismo un acuerdo sobre el derecho a decidir de Euskadi. Y ésta es la cuestión -el contencioso político- que está pendiente desde la abolición foral de 1839, desligado y muy anterior, por tanto, de la horrorosa e inhumana violencia de ETA".