El Gobierno vasco responde así a la admisión a trámite de la querella presentada por el Foro de Ermua contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse con miembros de Batasuna.

En un comunicado, el Ejecutivo de Vitoria expresa su "indignación" por la admisión a trámite de la querella, "la primera vez en la historia que a un lehendakari se le abre un proceso penal por defender la palabra y el diálogo".

"Resulta gravísimo que la democracia española pretenda homologarse a las democracias europeas, cuando existen leyes que posibilitan que un presidente de gobierno pueda ser acusado de delito por el simple hecho de mantener encuentros con agentes políticos y personas que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales, con el encomiable objetivo de consolidar un proceso de paz", dice el comunicado.

El Ejecutivo de Vitoria añade que la responsabilidad última de este tipo de situaciónes "inadmisibles" es de quien impulsó y aprobó la Ley de Partidos, "que constituye una aberración política y democrática".

"Es un disparate mayúsculo imputar un delito y sentar en el banquillo de los acusados a quien se ha comprometido con la ciudadanía a impulsar el diálogo y que cuenta, además, con la confianza mayoritaria y democrática de la mayoría de la sociedad", sentencia.

Puesto que el lehendakari representa en sus actos al conjunto del Gobierno vasco, todos sus miembros se afirman "autoinculpados en esta causa absurda y sin sentido".

Consideran "inadmisible" que los tribunales determinen la forma de actuación de un cargo político, y solicitan la comparecencia urgente del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Quieren que explique "qué razones justifican la grave quiebra que se ha producido en el sistema de separación de poderes que sustenta el correcto funcionamiento de la Democracia, así como de sus continuas manifestaciones sobre las actuaciones políticas de las instituciones vascas".

Deberá explicar también "la grave vulneración de los derechos fundamentales del lehendakari en el ejercicio de sus funciones públicas, para las cuales ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos y ciudadanas de este país".

El Gobierno vasco reconoce que el lehendakari está, como el resto de ciudadanos, sometido al Derecho y a la acción de los tribunales, pero precisa que éstos no pueden establecer cómo se debe ejercer la función política, más cuando está destinada a alcanzar acuerdos para la paz.

Consideran que esta decisión ha roto "irresponsablemente" el principio de separación de poderes, y que los tribunales deberían "aprender a trabajar con más rigor y competencia", porque en la sede de la Lehendakaritza aún no se ha recibido formalmente la notificación de esa admisión a trámite.

El Gobierno vasco anuncia que utilizará "todas las vías e instrumentos jurídicos a nuestro alcance, incluidos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para desenmascarar la vergüenza jurídica que ha cometido el tribunal que ha dictado este auto judicial".