El observatorio, según el Ejecutivo de Vitoria, será una institución pública de composición plural y mixta, que no estará adscrita a los poderes de la Administración, aunque el "lehendakari" elegirá al presidente y a un tercio de las 21 personalidades de reconocido prestigio que formarán parte de este nuevo organismo.

El observatorio actuará cuando se violen los derechos humanos y las ibertades dentro de la demarcación territorial de la Comunidad Autónoma Vasca o cuando esta violación tenga relación directa o indirecta con Euskadi, con independencia de que los afectados sean vascos o residan en esta comunidad autónoma.

El nuevo organismo deberá presentar un informe anual cada mes de enero, aunque podrá redactar informes extraordinarios ante organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos. Además de analizar la situación de los derechos humanos y las libertades propondrá soluciones e iniciativas de todo orden (normativas, económicas y sociales).

Junto a su función de análisis y asesoramiento, desempeñará funciones educativas y de difusión de los valores relacionados con los derechos humanos entre los ciudadanos.