El texto fue criticado también la pasada semana por el Consejo Vasco de la Función Pública, que emitió un informe desfavorable, pero que no es vinculante para el Goierno. Los representantes de ELA-STV, UGT, CCOO y LAB en el consejo votaron en contra.

Entre los puntos de desacuerdo destacan la regulación de la segunda actividad, la comisión de servicios, la negociación colectiva, el régimen disciplinario y la participación sindical.

El consejero de Interior del Ejecutivo vasco, Juan María Atutxa, explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, las características del proyecto de ley, que próximamente será remitido al Parlamento vasco para qu pueda entrar en vigor en verano.

La ley configura a la Ertzaintza como un instituto armado de naturaleza civil, cuyos miembros tendrán prohibido ejercer el derecho a la huelga.

Según la carrera profesional que se diseña en el proyecto, cualquier agente podrá acceder a la dirección del cuerpo en 25 años. No obstante, dada la necesidad de cubrir determinadas vacantes, Interior ha previsto que en las tres primeras convocatorias se podrá ascender sin haber cumplido el tiempo mínimo de permanencia enla categoría inferior.

El Gobierno contratará a mandos del Ejército y de las fuerzas de seguridad del Estado hasta 1996. Después, el acceso a la cúpula queda reservado exclusivamente a los miembros de la Ertzaintza.

Tanto los aspirantes a la policía autónoma, que tendrá su propia sección de policía judicial, como los policías locales recibirán instrucción en el Instituto de Formación para la Seguridad Pública, un nuevo organismo que absorberá a la actual academia de Arcaute.

El proyecto prev la posibilidad que los ertzainas puedan prestar servicios en las policías locales y que los policías municipales puedan trabajar, a su vez, en la policía autonómica.

El texto prevé la creación de un centro de elaboración de datos, que estará sometido al control de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, y la celebración de elecciones sindicales en los tres meses siguientes a la aprobación de la ley.

El proyecto también prevé la desaparición de la autonomía del cuerpo de Miñones de Alavasu transformación en una sección de la Ertzaintza. Los miembros de este cuerpo, sin embargo, podrán regirse por las antiguas directrices de los miñones.

El capítulo que más controversia suscitó en las negociaciones fue el referido al modelo de representación sindical en la Ertzaintza, ya que, para evitar la irrupción de sindicatos minoritarios en la policía, las organizaciones sindicales tendrán que conseguir como mínimo un 5 por ciento de respaldo electoral.