Durante un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Trujillo recordó que el Estado dejó de tener la mayor parte de las competencias sobre suelo tras la sentencia del Tribunal Constitucional, que en parte fue corregida por la ley de 1998.

En las comunidades autónomas "hay suficientes instrumentos y herramientas" para hacer frente a cuestiones como la ocurrida en Marbella.

Sin embargo, Trujillo anunció que, desde la futura Ley del Suelo, que será aprobada "en breve" por el Gobierno, se buscará que haya "algunos instrumentos más" que se "apliquen en todas las comunidades autónomas" para evitar casos de corrupción política y urbanística ligados al suelo.

Entre ellas, habrá "más transparencia" en los procesos de recalificación de suelo, "más agilidad" en los trámites y "más información".

Recordó que no en todos los ayuntamientos los nuevos planes urbanísticos se someten a información pública, y la Ley del Suelo obligará a que esto sea así.

El proyecto de Ley del Suelo se encuentra "en estado avanzado", y "en breve" será remitido al Congreso, fijando los "derechos y deberes" de los ciudadanos, estableciendo mayor reserva de suelo para vivienda protegida y un sistema de valoración de este bien. El objetivo es sacar al mercado "más suelo y más barato".