Este anteproyecto, al igual que el anteproyecto de ley orgánica complementaria de la ley por la que se regula la creación de equipos conjuntos de investigación en el ámbito de la Unión Europea, por la que se establece el régimen de responsabilidad penal de los miembros destinados en dichos equipos cuando actúen en España, han sido remitidos para los preceptivos informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado.

El primero de los anteproyectos persigue incorporar alordenamiento jurídico español los mecanismos que permitan la creación de estos grupos, una vez entre en vigor la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea sobre Equipos Conjuntos de Investigación.

Estos equipos se constituirán por acuerdo de dos o más estados miembros de la Unión para llevar a cabo investigaciones penales en alguno de los países de la Unión Europea o en todos ellos. Estas investigaciones se desarrollarán en aquellos asuntos que requieran una actuación coordinada, con un fin deterinado y por un periodo limitado.

Según el Gobierno, las investigaciones conjuntas permitirán alcanzar una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada y, dentro de este ámbito, se pondrá un especial énfasis en la lucha contra el terrorismo. Los miembros de los equipos conjuntos podrán participar en las actividades propias de la investigación y tener acceso a la información obtenida para los fines derivados de la misma.

ACTUACIONES EN ESPAÑA

El anteproyecto dedica un apartado espcial a aquellos casos en los que los equipos conjuntos vayan a actuar en España. La autoridad española designada será, en estos casos, la encargada de valorar y decidir la conveniencia de la puesta en marcha de estos equipos, de acuerdo con las solicitudes propuestas, y de designar al jefe del equipo que se componga.

En la creación de equipos conjuntos que actúen en España, se dará prioridad a las investigaciones relacionadas con los delitos de terrorismo.

El anteproyecto recoge las normas generaes de actuación de estos equipos en nuestro país, que se regirán por la legislación española. Establece, además, los fines para los que podrá utilizarse la información obtenida, que podrá ser utilizada para investigar o enjuiciar otras infracciones penales diferentes a las fijadas cuando se creó el equipo o para evitar una amenaza inminente o grave contra la seguridad pública.

Prevé, además, la posibilidad de ampliar, tanto material como temporalmente, la investigación sin necesidad de aprobar un acuedo nuevo, cuando varíen las circunstancias iniciales de la investigación. Recoge, también, la posibilidad de incorporar a los equipos a personas que no sean representantes de los estados que lo crearon y, especialmente, a funcionarios de organismos comunitarios como Europol.

RESPONSABILIDAD PENAL

Por otra parte, se ha establecido la necesidad de regular la responsabilidad penal de los miembros de los equipos conjuntos de investigación que sean nacionales de otros Estados miembros y actúen en España. Para ello, el Consejo de Ministros ha estudiado un anteproyecto de ley orgánica que complementa la ley por la que se regula la creación de los equipos conjuntos. Esta norma equipara la responsabilidad de los miembros de estos equipos con la de sus homólogos en nuestro país (jueces, fiscales o policías), tanto para los delitos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones de investigación como en los que pudieran ejercerse contra ellos.

Por otra parte, los equipos en cuya creación haya partiipado España, pero que vayan a actuar fuera del territorio español, se regirán por la legislación del Estado donde vayan a desarrollar sus funciones.