Estas partidas, que han experimentado un incremento de casi el 12 por ciento respecto al ejercicio pasado, constituyen la aportación del Gobierno central a los gastos que origina el desarrollo del Plan Nacional de Drogas en las distintas comunidades autónomas.

Las autónomías que han recibido una mayor aportación del Pla Nacional sobre Drogas, son Andalucía (633 millones de pesetas), Cataluña (583 millones), Madrid (489 millones), Valencia (338 millones), Galicia (225 millones) y Castilla y León (216 millones).

La distribución de cantidades tranferidas para el resto de autonomias es el siguiente: Canarias (157 millones de pesetas), Castilla-La Mancha (141 millones), Aragón (115millones), Asturias (106 millones), Extremadura (99 millones), Murcia (95 millones), Baleares (83 millones), Cantabria (57 millones) La Rioja 35 millones), Ceuta (14 millones) y Melilla (14 millones).

El capítulo de apoyo a los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas contarán con un total de 1.875 millones de pesetas, a repartir entre las comunidades autónomas de forma proporcional a la población, cuyo objetivo será la contemplación de los gastos de conjunto de intervenciones sobre drogodependencias de cada plan autonómico.

En programas específicos para situaciones de alto riesgo se distribuirán 742.500.000 pesets, destinados a la estimulación de programas dirigidos a poblaciones especialemnte marginadas o en situación de deterioro o grave riesgo.

Al programa desarrollo del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías se destinarán más de 203 millones de pesetas para que las comunidades autónomas puedan aforantar las necesidades de mantenimiento de un sistema de información común sobre toxicomanías.

Las actividades de asistencia y formación contaran con un total de 223.740.000 pesetas, que serán disribuidas por criterios poblacionales y destiandas a la promoción de actuaciones preventivas en el ámbito laboral.

Para rehabilitación y reinserción de toxicómanos con problemas jurídico-penales, que se distribuyen según un indicador constituido por el número de centros penitenciarios, el número de internos, y el número de personas en tercer grado de cada comunidad autonómas, se invertirá un total de 362.340.000 pesetas.