La Recomendación Primera del Pacto de Toledo, relativa a la separación y clarificación de las fuentes de financiación, señala que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva debe depender básicamente de las cotizaciones sociales, y que la financiación de las prestaciones no contributivas y universales se debe efectuar exclusivamente a través de la imposición general, es decir, que las prestaciones no contributivas y universales han de ser financiadas, exclusivamente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En virtud de lo anterior, conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, prorrogados para el año 2024, se prevé la realización de diversas transferencias del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social por importe global de 19.888 millones de euros.

Pero el Gobierno explicó en las referencias del Consejo de Ministros que es “necesario” aumentar la dotación de crédito existente para el ejercicio 2024 para hacer frente a las transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020, habiéndose cuantificado el importe de la misma en 1.492 millones de euros.

Por ello, el Ejecutivo indicó que para dar cumplimiento al compromiso del Estado de asumir de forma progresiva la financiación de los gastos de naturaleza no contributiva, es necesario tramitar un expediente de transferencia de crédito por el citado importe de 1.492 millones de euros, que ahora se autoriza a través de este acuerdo de Consejo de Ministros.