Las decisiones correspondieron a iniciativas de los ministerios de Interior y Justicia, que se ven complementadas con otra del departamento de la Presidencia referida al ascenso de guardias civiles y militares que han sido objeto de un atentado terrorista.

Por lo que se refiere a Interior, el Ejecutivo aprobó una reforma del Reglamento de Explosivos para reforzar los controles, especialmente en la fase final de consumo del material explosivo en explotaciones u obras, para evitar su sustracción y posterior desviación para actividades delictivas.

Esta iniciativa se une a la reforma del Código Penal en materia de delitos de riesgo provocados por explosivos y que el Consejo de Ministros aprobó también hoy, con el fin endurecer las penas para delitos ya previsto e introduciendo otros nuevos.

Estas dos modificaciones se suman a la que el Gobierno aprobó con carácter urgente en julio del pasado, que regulaba la gestión de los "libros registro" de movimientos y consumo de explosivos, para posible realizar un control efectivo de las entradas y salidas de este tipo de productos.

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Al mismo tiempo, el departamento que dirige José Antonio Alonso presentó un informe sobre el Proyecto de Reglamento de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, que el Ejecutivo entiende que será un instrumento de gran importancia para reforzar la eficacia de la lucha contra las organizaciones terroristas.

Este Reglamento regulará el funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT), creada en 2003, que podrá hasta bloquear cuentas corrientes. Está comisión estará formada por representantes de tres ministerios (Interior, Justicia y Economía y Hacienda) y por un fiscal, todos los cuales podrán solicitar asesoramiento de otros organismos públicos como la Agencia Tributaria.

Por lo que se refiere a las víctimas del terrorismo, el Gobierno aprobó un real decreto por el que se concede un plazo extraordinario para solicitar las ayudas contempladas en la Ley de Solidaridad. Esta medida podría beneficiar a un centenar de afectados, a los que corresponderían alrededor de cuatro millones de euros en indemnizaciones.

En cuanto al departamento de Justicia, una primera medida para reforzar la lucha antiterrorista es la creación de una Oficina de Asistencia a las Víctimas de Terrorismo, que dependerá de la Audiencia Nacional

Este organismo, dirigido a responder de manera completa a las necesidades más inmediatas de las víctimas, tendrá como primer objetivo servir de órgano de información a los que han sufrido atentados terroristas, que podrán en adelante conocer el estado de las causas contra los autores de estas acciones.

Además, también relativo al departamento que dirige Juan Fernando López Aguilar, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal en materia de delitos de riesgo provocados por explosivos, que introduce mejoras para endurecer la respuesta sancionadora frente a conductas ilícitas de los responsables de la vigilancia, el control y la utilización de explosivos.