Ortiz pretendía con esa demanda preservar su derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, pero la jueza del caso ha decidido considerarla como persona de relevancia pública y primar por ello el derecho a la información de los ciudadanos.

Preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que tiene "poco que añadir", evitando así tomar posición sobre este asunto.

Se limitó a subrayar que el Gobierno cumple su función constitucional de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los que en esta ocasión han entrado en colisión. Más allá de eso, respeta "escrupulosamente" las resoluciones judiciales.