El Ejecutivo considera que la adhesión al convenio "supone una toma de postura de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo".

El convenio parte de definirel delito de terrorismo, entendiendo que comete el mismo quien ilícita e intencionadamente coloca, arroja o detona un artefacto o explosivo mortífero en lugar de uso público, instalación pública o de gobierno con la finalidad de causar la muerte o graves lesiones a personas, causar daños en inmuebles u otros bienes muebles.

La parte sustancial del convenio es el compromiso de que cada Estado firmante adoptará las medidas necesarias para tipificar como delitos en sus respectivas legislaciones los actosilícitos antes mencionados, así como para fijar para estos delitos las penas correspondientes.

También se establece que los actos delictivos a que se refiere este convenio se considerarán incluidos entre los que dan lugar a la extradición.

El Gobierno destaca que en el convenio se incluye la llamada"cláusula de despolitización", que impide que un atentado terrorista cometido con bomba pueda ser considerado delito político.