Las mismas fuentes precisaron que aún no se ha acordado el porcentaje con el que será incrementado el IVA, aunque sí matizaron que es este tributo el que servirá para compensar el descenso de las cotizaciones a la Seguridad Social, y no el Impuesto Especial sobre Carburantes, como se barajaba en un principio.

También señalaron que la reducción de las cotizaciones sociales se hará en un punto, ya que existían muchas complicaciones para calcular la edida en décimas.

Esta decisión estaría en sintonía con la opinión del Ministerio de Industria de que la subida del impuesto especial que grava los combustibles no podría compensar, por sí sola, la rebaja de las cotizaciones sociales sin lesionar la competitividad de los precios energéticos.

Según declaró a Serviemdia el secretario general de la Energía, Alberto Lafuente, sólo las gasolinas "súper" y "sin plomo" podrían asumir parcialmente un aumento de fiscalidad para compensar la rebaja de cotiaciones a la Seguridad Social, puesto que son las que comparativamente con la CE presentan los precios más bajos.

Según el responsable de Energía, ni las tarifas eléctricas, que incluida su fiscalidad muestran niveles muy similares a los de la Comunidad Europea, ni los gasóleos deberían sufrir una medida de estas características, en este último caso por su fuerte peso sobre la inflación y la dependencia que de este combustible tiene buena parte del tejido industrial español.

Otra de las cuestione más polémicas, la asignación de los Fondos de Cohesión Europeos, se realizará, según las mismas fuentes, "de manera parcial", es decir, que el Gobierno cederá una parte de los recursos comunitarios destinados a Medio Ambiente e Infraestructuras para que sean gestionados por las comunidades autónomas.

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se reunió hoy con el Grupo Nacionalista Vasco, con el que dijo existieron líneas concordantes.

Por su parte, fuentes de CiU indicaron que los contacos entre Gobierno y nacionalistas son continuos, aunque la próxima semana se realizará una reunión formal en la que podrían concretar más el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que tendrá que estar presentado en el Congreso antes del 30 de septiembre.