El aumento medio de la tarifa, que va destinado a pagar a las compañías eléctricas los 3.810,5 millones de euros a que ascendió el déficit de tarifa de 2005, se sitúa en el 1,38%.

Las sociedades titulares del derecho de cobro (las eléctricas) podrán cederlo a terceros. El tipo de interés queda fijado en el Euribor a tres meses (el mismo que se aplica a los déficits reconocidos de los años 2000 y 2002). El importe a 31 de diciembre de cada año se calculará mediante la actualización del importe máximo correspondiente a 31 de diciembre del año precedente de acuerdo con el tipo de interés resultante de la media anual del Euribor a tres meses.

El Real Decreto aprobado hoy también incluye otras disposiciones, como la obligatoriedad de la instalación de contadores con discriminación horaria y la supresión de tarifas específicas.

En cuanto a los nuevos contadores, se contempla que a partir del 1 de julio de 2007 los equipos de medida a instalar para nuevos suministros de energía eléctrica hasta una potencia contratada de 15 kW (doméstico y pequeña industria) y aquellos que se sustituyan en el caso de antiguos suministros, deberán permitir la discriminación horaria de las medidas, así como la telegestión.

Esta medida, cuya aplicación se dilatará en el tiempo por las dificultades de renovar todo el parque de contadores, razón por la que no se determina un plazo concreto, tiene por finalidad que sean los propios usuarios los que decidan sus consumos en las distintas franjas horarias del día, lo que permitirá aplicar una política más afinada de gestión de la demanda y, en definitiva, suavizar los picos y los valles de las gráficas de la demanda eléctrica, promoviendo, de forma efectiva, el ahorro energético y la eficacia en el consumo.

Paralelamente, se faculta al Ministerio de Industria aestablecer un plan de implantación de contadores horarios que permita la sustitución progresiva del parque actualmente instalado, acompasándolo en el tiempo para evitar incrementos de costes económicos.

Por otra parte, la nueva norma fija un calendario de eliminación de las tarifas específicas del alumbrado público, riegos y tracción, cuyos usuarios podrán acogerse a las tarifas generales del sistema, lo que supone incorporar a la normativa española las Recomendaciones de la Unión Europea sobre esta materia.