Así lo confirmó hoy el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien, en rueda de prensa, explicó que cuando el proyecto sea presentado por el Gobierno, antes de que acabe este año, ya habrá un pacto no sólo político, con el impulso de todas las fuerzas de la izquierda, sino también social, ya que sindicatos y patronal trabajan en la misma línea.

El líder de IU anunció su respaldo a la propuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de sustituir en la Constitución el término "disminuidos" por "discapacitados", pero recalcó que, "aparte de cambiar la retórica, es imprescinsdible dar contenido a los derechos".

Este es el objetivo de la conocida como Ley de Atención a la Dependencia, que el Ejecutivo debería haber presentado ya, insistió. Con ella se creará el cuarto pilar de un "Estado de bienestar que hasta ahora sólo era de medioestar" y se marcará "el giro social de la legislatura", reclamado insistentemente por IU.

DESARROLLO EN DOS LEGISLATURAS

Llamazares explicó que para poner este ambicioso sistema en marcha serán necesarias dos legislaturas, y establecer un calendario de prestaciones y cobertura. En total, calcula que la atención a las personas mayores y discapacitadas dependientes requerirá un billón y medio de pesetas, y supondrá crear 300.000 nuevos empleos cualificados.

Los recursos serán aportadas al cincuenta por ciento por la Administración central y las autonómicas, lo que garantizará la universalidad de los servicios, que han de ser de alta calidad, y también la eficacia en la gestión, ya que se trata de competencias transferidas. En cualquier caso, quiso dejar claro que la financiación del sistema será "eminentemente pública".

Estas son las pautas marcadas por los grupos de izquierdas en el Congreso, y cuyos votos, concluyó, son "más que suficientes" para poner en marcha esta ley, aunque confió en que el PP también la apoye en el Congreso, porque también la ha reclamado, aunque cuando estuvo en el Gobierno no la pusiera en marcha.