El salario mínimo, que actualmente es de 53.250 pesetas al mes ha crecido durante los últimos ejercicios de manera sistemática por debajo del incremento medio fijado en los convenios colectivos. La subida fijada para el 91 fue del 6,5 por cien, 1,4 puntos menos de la media de convenio.

Este salario sólo lo perciben actualmente un colectivo de unas 400.000 personas, en su mayoría empleadas de hogar, pero su importancia estriba en que sirve como punto de referenca para la fijación de numerosas prestaciones sociales, incluido el derecho a acceder a viviendas de protección oficial.

De la cuantía del SMI dependerá qué españoles podrán beneficiarse de las más importantes novedades del Plan de Vivienda, la que reconoce el derecho a comprar una vivienda de protección oficial a quienes tengan unos ingresos inferiores a 5,5 veces el salario mínimo, hasta ahora restringido a los que gananban menos de 2,5 veces ese salario.

Esa es la principal razón por la que la dministración insiste en moderar su crecimiento, por entender que, en caso contrario, podrían dispararse estas y otras prestaciones, como la del subsidio de paro, también ligada al SMI.

La fijación del SMI es facultad exclusiva del Gobierno, según establece el Estatuto de los Trabajadores, que únicamente está obligado a "consultar", pero no a negociar, con los interlocutores sociales su revisión anual.

No obstante, el Estatuto determina que, al fijar el SMI, el Gobierno debe tener en cuenta cuatr criterios: la inflación, la evolución de la productividad, la coyuntura económica general y el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.