"Este acuerdo va a afectar al conjunto de los ciudadanos, que se van a ver beneficiados con una mejora de la prestación de los servicios públicos a través de la normativa que va a regular el trabajo, el ascenso y la promoción de 2 millones y medio de empleados públicos en toda España", afirmó Sevilla.

"Establecemos con este Estatuto por primera vez unas condiciones laborales homogéneas en toda España para todos los empleados públicos, siendo respetuosos con la capacidad de autoorganización y con las competencias que tienen las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos", señaló.

Sevilla subrayó que el Estatuto establece las condiciones para lograr "una administración moderna, eficaz, tecnológicamente eficiente, abierta 24 horas, con funcionarios motivados, formados, bien orientados en sus trabajos y satisfechos con el trabajo que están haciendo".

Asimismo, destacó que este acuerdo viene a cubrir un déficit que "preveía la Constitución y que no se ha hecho en estos 'veintitantos' años".

Respecto a su contenido, el ministro destacó que "regula las condiciones de acceso, la carrera profesional, el código de conducta de los empleados públicos, sus derechos y sus deberes, las posibilidades profesionales, la evaluación del desempeño y, por primera vez, regula la negociación colectiva en la función pública como elemento clave de mejora".

Asimismo, Sevilla aseguró que, a partir de ahora, el proyecto tiene un largo recorrido, aunque se mostró convencido de que "el resultado final no diferirá mucho del acuerdo que hoy hemos alcanzado".

Además, el texto incluye un plan de conversión de los empleados públicos que trabajan como interinos o temporales en funcionarios fijos.

Fuentes del ministerio aseguraron que en total se convocarán 650.000 plazas de conversión de empleados temporales en fijos y advirtieron que, si alguna administración no convoca estas plazas, deberá pagar al empleado su antigüedad en el puesto.

APOYO SINDICAL

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Julio Lacuerda, el coordinador general del Área Pública de CCOO, Enrique Fossoul, y el portavoz de CSI-CSIF, Ángel Lozano, expresaron al término de la reunión su satisfacción por la consecución de este acuerdo, con el que los sindicatos ven recogida una reivindicación de más de 20 años.

"Hemos aprobado una asignatura que teníamos pendiente desde la Constitución, que es que no seamos trabajadores de segunda", celebró Fossoul.

Por su parte, Lacuerda aseguró que el Gobierno "ha comprendido el problema de los más de 650.000 personas, datos publicados por el Consejo Económico Social, que vienen desde hace años padeciendo contratos de temporalidad intolerables".

El representante de CSI-CSIF, Ángel Lozano, destacó que este estatuto "sienta las bases de la función pública" y aseguró que es "un éxito y un avance que estaba pendiente desde hace 28 años".