El presidente de la SGAE, Eduardo Batista, subrayó en la inauguración del curso que España es un país que, por sus características, no puede soportar un problema como la quiebra de los derechos de propiedad intelectual y añadió que el fraude afecta a los ministerios de Educación y Cultura, Industria y Economía.

No obstante, apostilló que el ministerio más importante en la solución del problema es el de Justicia, que debe comprender la dimensión del mismo para solucionarlo, aunque precisó que sería "fantástico" que los departamentos de Eonomía y Hacienda realizasen un balance de la economía sumergida que crea el fenómeno de la piratería.

En resumen, Bautista instó al Gobierno central a que haga suyo este problema y, refiriéndose más concretamente a quienes practican el fraude, dijo que "la manta" tiene una rara habilidad para ofrecer al público lo que le interesa sin pagar derechos y ocupa un espacio público que escandalizaría a la opinión pública si lo que se comercializara fuese, por ejemplo, medicinas o documentos falsos.

Porsu parte, el ministro de Justicia, José María Michavila, señaló que el Estado debe dar respuesta al problema de la piratería, término que rechazó por considerar que tiene una connotación romántica que no merecen quienes cometen el fraude.

Según Michavila, el problema hay que abordarlo desde un marco jurídico disuasorio, mediante su aplicación y de una manera no sólo represiva, sino que genere también la prevención de ese tipo de conductas.

El titular de Justicia destacó la necesidad de aplicar cordinadamente estas normas a través del trabajo de jueces, magistrados, etcétera, y apuntó la conveniencia de explicar al ciudadano que cuando compra un producto de estas características no contribuye a dar una limosna, sino que está vulnerando un derecho.

Tras asegurar que defender la creación intelectual es una apuesta decidida de su departamento, Michavila resaltó que España es una gran potencia artística y es preciso tutelar a sus autores. A su juicio, perseguir el fraude de la propiedad intelectua requiere la colaboración internacional en el marco de la Unión Europea.