Así de tajante lo expusieron en rueda de prensa el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, y la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, tras entrevistarse con los embajadores iberoamericanos en Madrid esta tarde.

La reunión tuvo lugar en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para salir al paso de la "inquietud" y "los malentendidos" generados por esta Directiva europea, que España "no va a trasponer", puesto que la legislación española es "más garantista".

Jiménez indicó que "no va a ser necesario trasponer" la Directiva y, por tanto "no va a haber variaciones" en la legislación española porque la política migratoria de España tiene "todos los procesos de expulsión de inmigrantes judicializados" y las garantías que se ofrecen superan los mínimos fijados por Europa.

Simplemente, añadió, se reconocerá entre otros el derecho de asociación a los inmigrantes que aparece en la Directiva y que en su día se negó en la política de inmigración impulsada por el Ejecutivo del Partido Popular, porque ahora es de obligado cumplimiento.

Por su parte, López Garrido afirmó que son un "disparate" algunas manifestaciones "alarmistas" sobre la Directiva europea, que hacían "lógicas" las dudas expresadas por los Gobiernos iberoamericanos sobre la aplicación en España.

Ambos secretarios de Estado insistieron en que hay que "evitar malentendidos" porque la Directiva de retorno fue promovida por España porque "le interesa que la legislación europea sea cada vez más garantista, cada vez se acerque más a la española" y evitar que cada país europeo vaya "por su lado" y se inicie una "espiral perversa de ver quien es más duro", añadió López Garrido.

En esta reunión, a la que asistieron embajadores de 20 países de Iberoamérica, se explicó detenidamente que la Directiva Europea afecta sólo a los inmigrantes que están en proceso de devolución y que se busca tener una posición común para que tengan los mismo derechos.

En el caso de España, según Jiménez, no afecta porque ya estaba todo asegurado y la asistencia jurídica gratuita, así como el tiempo mínimo de internamiento o la garantía de los derechos humanos, estaban regulados.

Fuentes de Exteriores reconocieron que "quizá se ha reaccionado algo tarde", lo que ha dado pie a reacciones intempestivas de algún país de América del Sur, como el de Venezuela, que llegó a amenazar con cortar el suministro de su petróleo a los estados europeos que aplicasen la Directiva.

Desde el Ejecutivo no descartan reuniones como la de hoy con embajadores de países africanos, para que queden "absolutamente tranquilos" en el sentido de que la política española de inmigración no varía.