Estas propuestas de sanciones (siempre cabe la posibilidad de que el empresario las recurra) suponen un importe global de 2.980 millones de pesetas en multas, cerca de un 50 por ciento más que en 1993.

La Inspección de Trabajo detectó estos fraudes en los centros de trabajo al realizar un total de 20.400 visitas durante 1994, según datos del departamento que dirige José Antonio Griñán, a los que tuvo acceso esta agencia.

En estas visitas, la Inspección detectó a 13.044 trabajadores que cobraban el paro de manera fraudulenta, a los cuales se les suspendió la prestación, se les reclamó el dinero cobrado indebidamente y, dependiendo de la tipificación del fraude, se les impuso o no una sanción.

La Inspección, al detectar el fraude cometido tanto por las empresas como por los trabajadores, y dejr de pagar las correspondientes prestaciones, ahorró al erario público 15.400 millones de pesetas.

En estas labores de inspección durante 1994, Trabajo levantó 11.406 actas de obstrucción (aquellas sanciones que se tramitan por no facilitar la labor a los inspectores), aproximadamente un 25 por ciento más que en 1993.

ESTUDIO DEL INEM

Para 1996, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) tiene previsto elaborar un estudio pormenorizado para conocer y corregir los efectos negativos de la actual normtiva sobre protección al desempleo.

El propio ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, ha explicado el objetivo de dicho estudio: "Más que buscar las bolsas de fraude, lo que pretendemos es que los recursos que dedicamos al desempleo, unos dos billones de pesetas, vayan a aquellos que realmente lo necesiten".

El organismo que dirige Alberto Elordi hizo especial hincapié, durante 1994, en averiguar por qué algunos parados son rechazados tres veces o más en un mismo año por empresas que les ofrece empleo, a fin de determinar si la causa radica en su escasa preparación o en su falta de disposición a trabajar y, en este último caso, estudiar su expulsión de las listas de paro.