Asimismo, el Ejecutivo penalizará a las compañías que no cumplan las condiciones sociales y medioambientales e, incluso, tendrá potestad para anular el contrato por dicho motivo.

Además, si una empresa se retira del proyecto sin un motivo de peso y no ofrece sus servicios a la Administración una vez firmado el contrato, quedará inhabilitada durante cinco años para realizar contratos públicos.

Así lo va a recoger la futura Ley de Contratos del Sector Público, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes, día 7, por el Consejo de Ministros.

Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto de ley es que en los procesos de contratación pública se tengan en cuenta ciertos requisitos relacionados con las buenas prácticas empresariales.

De esta manera, se busca, entre otras cosas, combatir el paro entre los colectivos de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral y eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer.

Desde el Ministerio de Economía han reiterado que los principios que se desarrollan en el proyecto de ley son los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia.

Para velar por estos principios, el Ministerio de Economía va a crear un "grupo de expertos", cuya función esencial serágarantizar el correcto funcionamiento del proceso de contratación pública.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Como novedad, se incorpora también la subasta electrónica, que busca la mejora de las diversas ofertas para un proyecto de licitación en tiempo real.

En este sentido, el proyecto de ley quiere hacer una apuesta"decidida" por la contratación electrónica y el I+D+i. Para ello, fija el marco legal para el desarrollo de la contratación electrónica y establece normas sobre la publicidad en medios de comunicación electrónicos.

Por otra parte, se definen regímenes especiales para los contratos ligados a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el acceso a revistas y bases de datos electrónicas.