A pesar de esta valoración, el titular del MOPT, José Borrell, ha dado por hecho en diversas ocasiones que la instalación se iba a construir y que elEjecutivo considera una prioridad la gestión de estos residuos.

Sin embargo, fuentes oficiales de la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente ya no consideraban hoy tan importante la decisión del Gobierno presidido por el socialista José Bono.

La Consejería de Industria de Castilla-La Mancha emitió ayer una nota en la que aseguraba que, "a la vista de la declaración de impacto ambiental emitida sobre el proyecto de planta incineradora de residuos industriales de Almadé (Ciudad Real)", decidía no autorizar dicha instalación.

La declaración de impacto ambiental ha sido elaborada por los servicios de la Consejería de Política Territorial, quien considera desfavorables los efectos ambientales de la ejecución de una planta incineradora de residuos industriales en Almadén.

El Gobierno presidido por José Bono argumenta que las emisiones a la atmósfera contempladas en el estudio de impacto ambiental superan los valores límites recomendados por el Ministerio de Obras Pblicas y Transportes para este tipo de instalaciones.

Además, mantiene que las características técnicas de la planta y el tipo de residuos que prevé tratar dan origen a un alto volumen de subproductos de explotación, muy superior al porcentaje normalmente aceptado en este tipo de plantas, que deben de almacenarse en depósitos de seguridad en el entorno.

"Los efectos ambientales de estos grandes depósitos derivados de la pérdida y ocupación de suelo", agrega, "incrementarían el impacto ambiental oasionado por la planta incineradora sobre el medio natural de la comarca".

Finalmente, indica que, considerando la distribución de la generación de residuos industriales en España y el criterio del Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos de implantar las unidades de gestión lo más cercanas posibles al lugar donde se generen grandes cantidades de residuos, "no se justifica la necesidad de instalar una incineradora en Almadén, comarca muy alejada de los lugares donde se da la mayor producción de ste tipo de residuos".

VICTORIA VECINAL Y ECOLOGISTA

Estas tesis coinciden con los argumentos que Greenpeace y otras organizaciones ecologistas han utilizado para criticar este tipo de plantas, los cuales han sido descalificados por algunos responsables del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Tanto José Borrell como Vicente Albero, secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, han sugerido en reiteradas ocasiones que la incineradora de Almadén, junto a la de Media Sidonia (Cádiz) y otras dos que podrían quedar ubicadas en Cataluña y la cornisa cantábrica, eran necesarias.

La oposición vecinal a este tipo de plantas ha impedido al Gobierno ejecutar alguna de las directrices marcadas en el Plan Nacional de Residuos Industriales Tóxicos y Peligrosos.

Greenpeace y la Plataforma contra la Incineradora de Almadén han mostrado su oposición a esta instalación por considerar que las emisiones que produciría son dañinas para la salud humana y el medio ambiente.

La Asociación de Amas de Casa de Almadén ha decidido desconvocar la marcha a Toledo que tenía previsto iniciar mañana, y cuyo objetivo era solicitar a José Bono que se opusiera públicamente a la planta.

La presidenta de la asociación, Ramona Grande, manifestó hoy a esta agencia que solicitarán una audiencia al presidente de Castilla-La Mancha para agradecerle la decisión adoptada por su Gobierno y pedirle que potencie en la comarca la instalación de pequeñas y medianas industrias, el turismo rural ylas actividades ganaderas y cinegéticas.

Por su parte, Greenpeace también felicitó hoy a José Bono, y su presidente, Xavier Pastor, declaró que "con esta decisión Castilla- La Mancha no se convertirá en un basurero tóxico".

Según Pastor, "el Gobierno autonómico ha demostrado que es capaz de anteponer la defensa del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos a los intereses económicos de algunas empresas".

Por el contrario, la Federación de Minería de UGT considera en una nota oficial difndida hoy que la postura de la Junta "es una tomadura de pelo para los vecinos de Almadén y los trabajadores de Mayasa", y advierte que la decisión pone en peligro los 490 puestos de trabajo de la empresa Mayasa, "cuya viabilidad está muy condicionada a la construcción de esa planta".