El objetivo de la norma, según el Gobierno, es incorporar instrumentos o medios para descubrir a los defraudadores que no declaran y a los que ocultan rentas o ingresos.

En materia de vivienda, el Gobierno obligará a que las escrituras de compraventa de inmuebles incluyan los medios de pago utilizados para poder ser inscritas en el Registro de la Propiedad, con la intención de eliminar el pago con dinero negro.

Asimismo, el proyecto establece que los contratos de arrendamiento y los contratos de energía eléctrica contengan la referencia catastral de la vivienda para detectar alquileres no declarados.

Por otra parte, las facturas de empresarios, en estimación objetiva a otros empresarios, tendrán una retención del 3% para tratar de atajar el problema de emitir facturas falsas.

Con el fin de exigir el pago de las deudas tributarias descubiertas a quien de verdad tenga el control efectivo de las sociedades ficticias, la Administración tributaria podrá actuar sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

En este sentido, se incorpora la responsabilidad subsidiaria a las empresas que adquieran mercancías a tramas de fraude en el IVA y que obtengan un beneficio por el impago de impuestos.

Además, se considerarán residentes en España las entidades o sociedades radicadas en un paraíso fiscal, cuando su actividad o activos principales estén en España.