Según informa el Ejecutivo, este protocolo de actuación constituye un avance al incluir dos novedades no contempladas en la Convención de 1984 con respecto a los mecanismos de control y seguimiento de la tortura en todos los lugares el mundo. Además, era reclamado con insistencia por la Unión Europea, las principales ONG y sectores de la sociedad civil,

En primer lugar introduce un sistema de visitas "sin previo aviso" a las instituciones penitenciarias o centros de detención de los Estados que participan. Y en segundo punto, el compromiso de crear o mantener los denominados "mecanismos nacionales de prevención" para evitar estas situaciones de vejación.

Naciones Unidas será quién sufrague todos los gastos del subcomité encargado de custodiar los aspectos de este protocolo contra la tortura.