Fernández de la Vega expresó la tesis del Ejecutivo de que lo sucedido en Marbella es, "además de intolerable, realmente penoso, porque erosiona, en este caso con toda razón, la tarea de los servidores públicos".

Sin embargo, trasladó un mensaje a los ciudadanos para que recuerden que este hecho "no es general, sino excepcional", porque la inmensa mayoría de los trabajan con normalidad y el Estado de Derecho trabaja para evitar casos de este tipo y, en su caso, castigarlos.

El Gobierno aprobó hoy la disolución del ayuntamiento de Marbella, "dadas las gravísimas imputaciones judiciales que pesan sobre parte de la corporación municipal" y tras la petición formal de la Junta de Andalucía, que contaba con el acuerdo de la unanimidad del Senado y del dictamen de la Comisión Nacional de Administraciones Locales.

El real decreto aprobado argumenta la gestión "gravemente dañosa para los intereses generales" por parte de la corporación municipal.

En virtud de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y de la Ley de Bases del Régimen Local, la Diputación de Málaga procederá en los próximos días a la designación de una Comisión Gestora, cuyo número de miembros no excederá del de la corporación municipal.

Las funciones de alcalde corresponderán a aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Gestora. Esta Comisión asumirá la gestión del municipio hasta las próximas elecciones locales, previstas para el 27 de mayo de 2007.

Hasta que se produzca el nombramiento de la comisión gestora, los restantes miembros que forman parte de la corporación actual continuarán gobernando en funciones la localidad, pero sólo podrán ocuparse de los asuntos de gestión ordinaria de la ciudad. En ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.

Fernández de la Vega subrayó que la comisión gestora contará "con la libertad y los límites" fijados en la ley para tomar las decisiones que juzgue pertinentes.

El Gobierno, dijo, espera que esas decisiones se tomen con el mayor grado de consenso posible, pensando siempre en el interés general y con el objetivo de "devolver al ayuntamiento la dignidad y ponerse al servicio exclusivo de los ciudadanos".

Expresó su convicción de que las nuevas autoridades municipales "sabrán estar a la altura que las circunstancias demandan".

Fernández de la Vega aprovechó la rueda de prensa para subrayar la preocupación del Gobierno por un desarrollo urbano que sea sostenible, "racional, sensato, viable en el largo plazo".

Desgranó algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno para lograr ese objetivo, y reiteró el compromiso "firme y decidido" en la lucha contra la corrupción.