Lo ha hecho en una respuesta por escrito al diputado de CiU Carles Campuzano sobre las previsiones de emplear esta cláusula, a la que tuvo acceso Servimedia.

El Gobierno reconoce que la "cláusula social" en los contratos públicos "constituye, indudablemente, un medio idóneo para conseguir la inserción socio-laboral de los más desfavorecidos".

La legislación española, explica, ya establece la posibilidad de primar las propuestas presentadas por las empresas que tengan al menos un dos por ciento de sus trabajadores discapacitados, siempre que se igualen a las más ventajosas en cuanto a los criterios objetivos en los que se basa la adjudicación.

Esa preferencia puede establecerse también para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto de contrato.

Precisa el Gobierno, por ejemplo, que con base en esta normativa el IMSERSO incluye en los pliegos correspondientes la preferencia en la adjudicación de los contratos.

Esta medida de acción positiva pretende, dice el Gobierno, "que en igualdad de condiciones se pueda favorecer a un colectivo de trabajadores frente a otro por considerar que está discriminado en el acceso al trabajo como consecuencia de sus características físicas o psíquicas".

En el Plan Nacional para la Inclusión Social 2003-2005, concluye el Ejecutivo, se recoge también el compromiso de "favorecer la contratación pública de las empresas que empleen un número significativo de personas en situación de exclusión dentro del marco legal vigente".