La nueva norma adapta la legislación española a la comunitaria, tanto para los intercambios de animales vivos como para las carnes frescas y productos cárnicos, debido a que las disparidades entre los países de la CE dificultan el buen funcionamiento de las organizaciones comunes de mercado (OCM) de los sectores mencionados.

De esta forma, según el Ministerio, se asciende un peldaño más en la consecución del Mercado Unico europeo. El decreto no conlleva repercusión alguna para el sector, i para la Administración del Estado.