El objetivo principal de esta medida es garantizar a los futuros consumidores de este combustible en la región la protección de sus intereses económicos y evitar así posibles situaciones de abuso del sector ante la liberalización del mismo.

De este modo, la Comunidad de Madrid va a poner límite a estas cuantías de acuerdo a lo establecido en la Ley estatal del Sector de Hidrocarburos, que atribuye a las comunidades autónomas la competencia para establecer el régimen económico de estos conceptos.

Asimismo, este proyecto normativo persigue fomentar la utilización de este combustible en la Comunidad de Madrid, pues es mucho menos contaminante que otras fuentes de energía tradicionales como el carbón o el gasóleo.

De este modo, las cantidades máximas que podrán cobrar las empresas suministradoras en concepto del derecho de alta que establece el proyecto normativo son, para un consumo inferior o igual a 50.000 kWh/año, 63,5 euros, y si el consumo es superior, el precio se establece en 95 euros.

Además, el resto de las cuantías en función del consumo energético no podrán superar los 610 euros. El proyecto normativo establece, asimismo, los límites del servicio de enganche en 50,36 euros y el servicio de verificación en 40,95 euros.