Por este acuerdo, Comunidad y ayuntamientos se comprometen a prestar atención social especializada en viviendas tuteladas habitadas por "sin techo" y personas en riesgo grave de exclusión social.

Además, se programarán cursos de sensibilización sobre exclusión social dirigidos a profesionales que contacten, en sus ocupaciones laborales, con personas en situaciones difíciles, como policías, facultativos de la Salud, trabajadores de servicios sociales o educadores y profesores.

Asimismo, se mejorará la coordinación permanente entre los distintos servicios públicos (salud, educación, vivienda, formación, empleo y servicios sociales) y las entidades sociales para determinar sus actuaciones en el diagnóstico e intervención en circunstancias de marginalidad.