Montoro, que ha anticipado que la reforma irá dirigida alreforzamiento de este servicio, ha justificado esta decisión por "la progresiva liberalización de la economía española y el creciente protagonismo otorgado a los mercados".

El secretario de Estado afirmó que pese a que el Tribunal de Defensa de la Competencia juega un importante papel, se enfrenta a limitaciones que dificultan su actuación, como consecuencia de la falta de medios humanos y materiales, a lo que se une el aumento del número de casos a investigar y la complejidad de los mismos.

Anunió que se creará un nuevo órgano con autonomía presupuestaria y de organización, cuyo presidente será designado por el Gobierno. De él dependerán el Servicio de Instrucción (actualmente englobado en la Dirección de Política Económica) y el propio Tribunal.

En opinión de Montoro, "la integración de la instrucción y la resolución de los expedientes en un mismo órgano supondrá ventajas que redundarán en una tramitación más ágil y eficaz de los asuntos". Adelantó que se trabaja con la hipótesis de estructrar en diversas secciones o salas el Tribunal, para especializar a sus miembros por temas.

También se creará un nuevo procedimiento sancionador en una sola fase, en el que las posibilidades de recurso se limiten claramente a la vía contencioso-administrativa, de forma que se abrevie el proceso total.

Finalmente, el responsable de Economía apuntó la posibilidad de que la nueva normativa incluya la notificación obligatoria de las operaciones de concentración de empresas que sobrepasen determinados mbrales, frente a la actual notificación voluntaria.