Esta nueva estructura no supone, según el Gobierno, incremento alguno en el gasto público, ya que se mantiene el mismo número de direcciones y subdirecciones.

Los objetivos de estos cambios, además de equipararlo con Eurostat, son los de "mejorar la calidad de los productos y servicios generados, introducir una mayor eficiencia en los procesos productivos y reducir la carga de respuesta a los informantes".