La finalidad de este real decreto es simplificar y reducir los costes de emisión de valores y ofertas públicas, ya sean de venta o suscripción, para que el mercado español pueda competir en igualdad de condiciones con los del resto de países de la Unión Europea.

Esta norma completa la transposición de la directiva de folletos, cuyos elementos esenciales fueron aplicados mediante el Real Decreto Ley de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, de 2005.

La directiva introduce un cambio trascendental en los mercados de valores de la Unión Europea: los folletos autorizados en un Estado miembro tendrán validez en toda la Unión, por lo que se crea un verdadero pasaporte europeo para las emisiones.

Además, para casi toda la renta fija se permite la libertad de elección de la autoridad competente y, por tanto, se intensifica la competencia entre los mercados de la Unión Europea por captar el negocio del mercado de valores.