Los motivos de la impugnación se basan en la Constitución, donde se formula el principio fundamental para la delimitaciónde las potestades tributarias autonómicas, y también en la normativa de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que somete a "estrictos límites" las potestades tributarias autonómicas cuando afectan a los tributos locales.

De acuerdo con el texto aprobado por el Consejo de Ministros, la citada Ley del Parlamento de Cataluña "vulnera el régimen constitucional de distribución de competencias al establecer un impuesto que recae sobre elementos materiales de riqueza íntegramete gravados por impuestos locales, fundamentalmente los de actividades económicas (IVA) y de Bienes Inmuebles (IBI)".

En este sentido, el Tribunal Constitucional declara la incompatibilidad entre un tributo local y un nuevo tributo autonómico, si ambos inciden en la misma fuente de riqueza o materia gravada por aquél.

Sobre este recurso, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, manifestó que el Ejecutivo quiere ordenar de forma "coherente" la capacidad impositiva de las comunidades autónomas.

Tras asegurar que el Gobierno tiene que hacer cumplir la Ley, Cabanillas afirmó que esta decisión beneficiará al consumidor catalán.