En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, explicó que el recurso se basa en que se ha producido una vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en que Baleares y Castilla La Mancha no tienen competencias para regular por su cuenta una cuestión que afecta al principio constitucional de igualdad.

Tanto la ley castellano-manchega como la balear garantizan la paidad imponiendo que las candidaturas que presenten los partidos políticos alternarán hombres y mujeres, ocupando los de un sexo las puestos pares y los del otro los impares.

La norma castellano-manchega fue aprobada en el Parlamento regional con los votos de PSOE e IU, y encontró la oposición del PP, que también rechazó la normativa aprobada en Baleares, en donde salió adelante con el respaldo de todos los partidos con representación en el Ejecutivo autónomo (PSOE, PSM, EU-V y UM).

José Bono defedió en su día la normativa castellano-manchega asegurando que "queremos legislar para ampliar los derechos de las mujeres" y añadió que "nadie nos va a ganar en la garantía de estos derechos, con los que se pretende evitar la discriminación entre sexos".